Un día de los primeros de noviembre de este año, el locutor televisivo Antonio Dávila Campos se iba de la lengua al poner en tela de juicio la femineidad de la diputada Julieta López Fuentes. Al finalizar el programa que tiene al principio de la tarde recibió una llamada de un personero del gobernador Humberto Moreira Valdés. Luego de mentarle la madre se le recordó que la tarea que actualmente lleva a cabo la “legisladora” fue ordenada desde el más alto nivel del poder ejecutivo coahuilense, por lo que se le prohibía que siguiera hablando en contra de la exalcaldesa de Castaños, a la vez que se le conminaba a que tuviera precaución de no tocar el tema del proyecto de ley prohomosexual con argumentos en contra.
En el Congreso del Estado de Coahuila actualmente se discute la necesidad de legislar sobre los grupos marginales integrados por lesbianas y homosexuales. La iniciativa de ley fue presentada por la diputada local Julieta López Fuentes y se llama Contrato de Solidaridad entre personas del mismo sexo y tiene, entre otros objetivos, evitar la discriminación de los sodomitas y de las mujeres que han adoptado las preferencias sexuales de aquellos personajes de la mitología griega que habitaban la isla de Lesbos.
De entrada, la ley parece justa y hasta el momento, en apariencia, ha remontado la oposición social hacia la conducta de los homosexuales y las lesbianas; además, por el mayoriteo tradicional que imponen los priistas en el prostíbulo legislativo de Coahuila, es muy probable que se le dé trámite, aunque sin la aprobación de los diputados mochos del Partido Acción Nacional y la prudente abstención de perredistas y petistas, legisladores que guardan las formas, aunque en el fondo también son empleados del poder ejecutivo, e igual que sus pares del PRI, también se recetan sus bonos semestrales sin ningún pudor social, pues a eso han llegado a sus curules: a sacar la tripa de todos los malos años.
Pero al margen de los argumentos que tiene sobre este asunto cada uno de los miembros de la recua legislativa que despacha en el edificio de Francisco Coss y la acera oriente de la calle Obregón, llama la atención el interés que tiene el gobierno de la ge
nte en que se apruebe en Coahuila un código a favor de los sodomitas y lesbianas, por la polémica que actualmente desata y hasta donde se sabe y se colige, el titular del poder ejecutivo y sus colaboradores más cercanos, han mostrado rasgos de ser bragaos, entrones y machistas, por lo que resulta altamente sospechoso que la mano ejecutiva de Coahuila pueda estar detrás de la promulgación de esta ley que daría seguridad a las parejas de homosexuales y evitaría su discriminación.
Lo más seguro es que el gobernador esté pagando viejos favores que la ahora diputada le hizo cuando fue alcaldesa de Castaños, en los tiempos en que Humberto Moreira soñaba cuando mucho con ordeñar una regiduría, nunca con tener en sus manos los destinos de Coahuila.
De cualquier manera, es necesario dejar claro que el asunto causa todavía prurito y escozor en los distintos estratos sociales, porque aún hay más homofobia que hemofilia en nuestra comunidad.
Al respecto es importante recordar que en San Francisco, Cal., durante 2004, el 25 porciento de los casos de VIH fueron adquiridos voluntariamente, pues los sodomitas de aquellas latitudes piensan que contagiándose del mal se parecen a las mujeres, que por su condición biopsicológica son capaces de albergar vida en su seno. Los gomorritas sólo tienen capacidad de guardar en sus entrañas, la muerte materializada en Sida.
En 1967 Kinsey, un personaje que antes de ser sexólogo, fue biólogo, estableció que no hay homosexual bien adaptado y feliz.
Al respecto la iglesia católica a través de sus personeros se ha negado también a aceptar este tipo de matrimonios entre personas de la misma condición sexual, aunque los clérigos se han arrogado el derecho de sodomizar a cuanto niño se les atraviesa en su camino.
En los países desarrollados, la lucha de los homosexuales y lesbianas data por lo menos desde hace un lustro y apenas se ha aceptado este tipo de contratos. Bélgica, España, en medio de controversias han cedido a la presión de los grupos marginales.
La oposición general de las sociedades, es impedir que los parlamentos autoricen a personas del mismo sexo la adopción de menores, por las secuelas psicológicas que podrían generar en los menores que eventualmente pudiesen vivir con una pareja de hombres. ¿Dónde quedarían los conceptos de madre y padre?
Pero, al margen de lo anterior, lo más seguro es que en Coahuila, si el gobernador ya ordenó a sus diputados lacayos que levanten el dedo, éstos lo harán, ni tardos ni perezosos, para eso están ahí.
En el Congreso del Estado de Coahuila actualmente se discute la necesidad de legislar sobre los grupos marginales integrados por lesbianas y homosexuales. La iniciativa de ley fue presentada por la diputada local Julieta López Fuentes y se llama Contrato de Solidaridad entre personas del mismo sexo y tiene, entre otros objetivos, evitar la discriminación de los sodomitas y de las mujeres que han adoptado las preferencias sexuales de aquellos personajes de la mitología griega que habitaban la isla de Lesbos.
De entrada, la ley parece justa y hasta el momento, en apariencia, ha remontado la oposición social hacia la conducta de los homosexuales y las lesbianas; además, por el mayoriteo tradicional que imponen los priistas en el prostíbulo legislativo de Coahuila, es muy probable que se le dé trámite, aunque sin la aprobación de los diputados mochos del Partido Acción Nacional y la prudente abstención de perredistas y petistas, legisladores que guardan las formas, aunque en el fondo también son empleados del poder ejecutivo, e igual que sus pares del PRI, también se recetan sus bonos semestrales sin ningún pudor social, pues a eso han llegado a sus curules: a sacar la tripa de todos los malos años.
Pero al margen de los argumentos que tiene sobre este asunto cada uno de los miembros de la recua legislativa que despacha en el edificio de Francisco Coss y la acera oriente de la calle Obregón, llama la atención el interés que tiene el gobierno de la ge
nte en que se apruebe en Coahuila un código a favor de los sodomitas y lesbianas, por la polémica que actualmente desata y hasta donde se sabe y se colige, el titular del poder ejecutivo y sus colaboradores más cercanos, han mostrado rasgos de ser bragaos, entrones y machistas, por lo que resulta altamente sospechoso que la mano ejecutiva de Coahuila pueda estar detrás de la promulgación de esta ley que daría seguridad a las parejas de homosexuales y evitaría su discriminación.Lo más seguro es que el gobernador esté pagando viejos favores que la ahora diputada le hizo cuando fue alcaldesa de Castaños, en los tiempos en que Humberto Moreira soñaba cuando mucho con ordeñar una regiduría, nunca con tener en sus manos los destinos de Coahuila.
De cualquier manera, es necesario dejar claro que el asunto causa todavía prurito y escozor en los distintos estratos sociales, porque aún hay más homofobia que hemofilia en nuestra comunidad.
Al respecto es importante recordar que en San Francisco, Cal., durante 2004, el 25 porciento de los casos de VIH fueron adquiridos voluntariamente, pues los sodomitas de aquellas latitudes piensan que contagiándose del mal se parecen a las mujeres, que por su condición biopsicológica son capaces de albergar vida en su seno. Los gomorritas sólo tienen capacidad de guardar en sus entrañas, la muerte materializada en Sida.
En 1967 Kinsey, un personaje que antes de ser sexólogo, fue biólogo, estableció que no hay homosexual bien adaptado y feliz.
Al respecto la iglesia católica a través de sus personeros se ha negado también a aceptar este tipo de matrimonios entre personas de la misma condición sexual, aunque los clérigos se han arrogado el derecho de sodomizar a cuanto niño se les atraviesa en su camino.
En los países desarrollados, la lucha de los homosexuales y lesbianas data por lo menos desde hace un lustro y apenas se ha aceptado este tipo de contratos. Bélgica, España, en medio de controversias han cedido a la presión de los grupos marginales.
La oposición general de las sociedades, es impedir que los parlamentos autoricen a personas del mismo sexo la adopción de menores, por las secuelas psicológicas que podrían generar en los menores que eventualmente pudiesen vivir con una pareja de hombres. ¿Dónde quedarían los conceptos de madre y padre?
Pero, al margen de lo anterior, lo más seguro es que en Coahuila, si el gobernador ya ordenó a sus diputados lacayos que levanten el dedo, éstos lo harán, ni tardos ni perezosos, para eso están ahí.
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