Durante los primeros días de diciembre de 2007, cuando ya estaba claro que el Gobie
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o de la Gente establecería la requisa a la Sección 38, Francisco Benito Parra Mireles intentaba dar marcha atrás a la actitud soberbia con la que se había comportado durante los últimos cuatro años, en los que se había sentido el heredero del botín suculento que representa la secretaría general.
Quienes en ese tiempo veían a Parra Mireles, lo recuerdan nervioso, inquieto y lleno de temores. Cuentan que una tarde entró, abatido, en la oficina de uno de sus pares y le dijo:
- Ya ves como están las cosas.
En la penumbra, detrás del escritorio, un rostro frío sólo asentía. Ni una palabra. Al darse cuenta de que el recuerdo de traiciones flotaba en el ambiente, la Paca Perra concluía con el rictus del miedo reflejado en su rostro:
- A ver cómo nos va, manito.
Y se fue. Salió de la oficina contoneándose con su peculiar modito de andar.
Al despuntar el último mes del año había incertidumbre entre los principales dirigentes de la otrora poderosa sección sindical del SNTE. Aunque aún no era un hecho, ya se sabía que la labor de cabildeo, tejida por Alfonso Cepeda Salas en la Ciudad de México con Elba Esther Gordillo, la dueña del sindicato más grande de Latinoamérica estaba por llegar a su fin con el objetivo de colocar a Carlos Ariel Moreira Valdés como dirigente de la Sección 38. El movimiento había empezado desde los últimos días de abril con el torpedeo a la dirigencia de Alejandro Campos García a través del periódico Vanguardia.
El fin de semana posterior al último día de clases, los rumores corrían con la poca información que filtraban los delegados al congreso. Unas horas después se anunciaría que Carlos Moreira era el nuevo dirigente de la Sección 38. El Cártel de los Moreira había requisado a la sección sindical y la vieja nomenklatura salía, temerosa y cabizbaja, con la única idea de salvar cada uno su pellejo. Alejandro Campos sólo había podido, a través de la negociación política dejar a tres de sus incondicionales: Francisco Benito Parra Mireles en el Servicio Médico, Juan Manuel Armendáriz Rangel en el Seguro del Maestro y Alejandro Durón Ibarra en el Fovi, los tres, pájaros de cuenta cuyas fortunas personales se habían acrecentado de manera inconmensurable durante los últimos años.
Después de calzarse las botas del generalato treintaiochesco Carlos Ariel haría roncar su pecho acusando de rapiña e ineptitud a los dirigentes anteriores. El honor, colgado con alfileres de que hacía gala la vieja nomenklatura sindical rodaba por los suelos. El nuevo dirigente se escudaba en los tres
poderes del estado de Coahuila para deslizar lo que antes tanto se había negado: la quiebra de las instituciones de seguridad social. Durante más de dos décadas, Pensiones, Servicio Médico, Seguro del Maestro y el Fovi habían sido saqueadas, convertidas materialmente en palancas del desarrollo de la economía de los administradores del ayer.
Si para Benito Parra Mireles enero se había vestido de gris, los días de mayo se desgranaban envueltos en el ropaje negro de la incertidumbre, pues los rumores sobre el fincamiento de responsabilidad por el delito de peculado corrían de uno a otro confín de la Sección 38 que cuenta con agremiados en la mayoría de los municipios del estado.
Fundamentalmente se le acusaba a él de haber desviado alrededor de 300 millones de pesos desde su posición como tesorero en la administración de Alejandro Campos García y encargado de la construcción del edificio sindical, cuya estructura lastimosa se levanta en los patios del recreativo Carlos Jongitud Barrios, ubicado al pie de la Sierra Zapalinamé, a 20 kilómetros del centro histórico de la capital coahuilense.
Algunos de sus colaboradores cuentan que en la penumbra de su oficina se le ha visto llorar con desconsuelo, desesperado, temeroso de que se le confisquen las decenas de bienes malhabidos que ha logrado acumular en su ya larga carrera de bandido del sindicalismo magisterial. La vieja canción de ‘ca-mi-ni-to de la es-cue-la…’ hoy se ha transformado en parodia que tararean algunos profesores como‘ca-mi-ni-to de la cár-cel… apurándote a llegar’.
El edificio sindical.
La mañana del domingo 27 de abril, los dirigentes de las delegaciones de la Sección 38 acompañaban a Carlos Ariel Moreira en el centro recreativo Carlos Jongitud Barrios. Habían ido, ex profeso, a conocer el edificio sindical, el bodrio levantado con toda la rapiña del mundo por Francisco Benito Parra Mireles.
Durante el recorrido, más de 60 representantes delegacionales podían advertir las fallas en los sistemas hidráulico y eléctrico; la distribución de los espacios diseñados de manera mezquina y la pésima calidad de los materiales utilizados durante su edificación.
En el edificio, al fondo del lobby, un letrero con estilo muy profesoral que ignora la cacofonía y el uso de las mayúsculas, reza agresivo: “NO RECARGARSE POR FAVOR”, un poco antes, sobre su pedestal, una estatuilla de cuerpo entero de la hiena magisterial Elba Esther Gordillo con un envase de unicel con la marca cocacola como adorno; colgando de la pared, un largísimo rollo verbal en letras doradas –también puras mayúsculas- que por respeto a la salud mental y a la inteligencia de los lectores de este medio, no se reproduce.
La construcción con forma de hemiciclo consta de tres cuerpos de tres niveles y mira hacia el poniente. Al centro del semicírculo se levanta una especie de obelisco sin sentido en cuya base se advierte una pileta de mal gusto que se encuentra rodeada de árboles tiernos y pasto en eclosión. A la derecha del que mira se levanta el edificio del Servicio Médico; a la izquierda el auditorio y las oficinas del Fovi, Seguro del Maestro y Pensiones; al centro se encuentra la parte que albergará, algún día, el despacho sindical.
Una cantidad inmensa de cajones de estacionamiento recibe al visitante; unos me
tros al poniente, decenas de patrullas de la Policía Federal Preventiva se encuentran estacionadas afuera del hotel que funciona en el extremo surponiente del centro recreativo de los profesores estatales, enfrente del complejo sindical que ha nacido condenado a convertirse en elefante blanco. (Esta expresión se atribuye a posesiones que tienen un costo de manutención mayor a los beneficios que aportan).
Los colores de la fachada son suaves a la vista. Su claridad irradia buen gusto. Esta es la parte hermosa del edificio. En la parte posterior, tambos de impermeabilizante de la marca Protexa permiten inferir que los techos no fueron tratados adecuadamente. Una de las paredes del edificio de Pensiones se encuentra manchada de piso a techo con un color negruzco. El edificio central, destinado a ser la sede del poder sindical que albergaría al secretario general y al resto de los miembros del CES cuenta con un sótano para unos diez vehículos. Se supone que los diseñadores del proyecto pensaron en alejar de las masas profesorales a los líderes supremos, pues del sótano se sube al primer piso por una escalerilla incómoda de peraltes desparejos que parece boca de lobo. En el mismo zulo se encuentra la central eléctrica y por doquier se advierten cables sueltos y albañales sin rejillas.
Dentro del edificio, los jefes de las delegaciones sindicales de la Sección 38 quedaban atónitos ante la mezquindad de los espacios destinados al trabajo cotidiano, pero al llegar a la oficina de la secretaría general la sorpresa los dejaba sin aliento por el dejo faraónico que había sido impreso en este lugar: Francisco Benito Parra Mireles lo había diseñado para él. Ya se sentía el máximo dirigente.
Al llegar a este lugar, Carlos abrió un fólder que llevaba bajo el sobaco y les dijo palabras más, palabras menos:
- ¿Cómo ven? Según el despacho que se contrató para el avalúo nos comunica que el edificio no vale más de 25 millones de pesos y nos lo metieron en 160. ¿Qué hacemos?
Los delegados respondieron casi al unísono a la pregunta mayeútica:
- Chíngatelos a todos, Carlos.
Días después corría el rumor de que Francisco Benito Parra Mireles lloraba desconsolado en su oficina, porque sabe que si Moreira Valdés decide amarrarse los cojones, le espera una larga temporada a la sombra, en el Cereso de Saltillo por el delito de fraude y otros que le resulten por haber dispuesto del patrimonio colectivo de los profesores estatales, y haber desviado los fondos públicos de las instituciones de seguridad social de la Sección 38.
Así se maquinó el fraude…
Carlos Moreira Valdés sabe todo lo que a continuación se narrará, por eso no se comprenden los motivos por los que no ha pasado de las bravatas a los hechos encarcelando no sólo a Parra Mireles, sino también a Juan Manuel Armendáriz Rangel y a Alejandro Durón Ibarra. El sustrato de la historia es la rapiña del extesorero en la administración de Alejandro Campos, quien maquinó el megafraude no sólo a las instituciones y a la tesorería de la Sección 38, sino que hipotecó por diez años la esperanza de muchos profesores para adquirir una vivienda, porque del Fovi saldrá el dinero para pagar el crédito de 70 millones de pesos más 53 millones de intereses que fueron desviados monda y lirondamente por Francisco Benito Parra Mireles. Otras aristas del ya famoso megafraude se han tratado en ediciones anteriores de esta publicación, pero se abordarán de nuevo para que el lector del magisterio tenga una idea clara de la rapiña de muchos de sus exdirigentes. Las pruebas están en las propiedades que se encuentran dentro y fuera del país, pues se sabe que Armendáriz Ragel posee bienes inmuebles en Houston, Texas.
La historia.
En 1988, Juan Manuel Armendáriz Rangel se estrenaba como Presidente del Consejo de Administración del Servicio Médico, en ese puesto conoció a Marco Fernández quien a la sazón era proveedor de medicamentos de esta institución, dueño de giros negros y además constructor inescrupuloso.
Como dentro del magisterio estatal la mayoría está al tanto de la rancia amistad entre Armendáriz Rangel y Alejandro Campos García en ese entonces responsable de la Dipetre, éste recibió a Marco Fernández y le encargó la construcción de un inmueble en la región Carbonífera. Después se harían compadres.
Ya como secretario de finanzas de la Sección 38 del SNTE Francisco Benito Parra Mireles completaría el cuarteto. En esos tiempos se empezó a fraguar el gran golpe a las finanzas de las instituciones de seguridad social. Se sabe que Alejandro Campos García a la sazón secretario general delegó la responsabilidad de levantar el edificio en despoblado en el tesorero y éste a su vez, ya investido de plenos poderes, lo primero que hizo fue asociarse con Marco Fernández en la compañía Trecasa, S.A. de C.V., luego, en una reunión a la que asistieron todos los titulares de las diferentes carteras y los presidentes del Fovi, Pensiones, Seguro del Maestro y Servicio Médico, se tomaría el acuerdo de solicitar un crédito al Gobierno Estatal por… ¡70 millones de pesos!
Por instrucciones del gobernador Humberto Moreira, la secretaría de finanzas les negó el crédito, pero ofreció su intervención ante la banca privada para agilizar el financiamiento. Le tocó al Dr. Sergio Fuentes, Director de Políticas Financieras dar la cara ante los funcionarios de Scotiabank Inverlat para que la Sección 38 obtuviera el crédito de 70 millones de pesos, casi siete millones de dólares.
Después de que el dinero estuvo disponible Francisco Parra haría otros ajustes al transferir la suma millonaria de Scotiabank Inverlat al Grupo Financiero HSBC por razones aún desconocidas pero sí inferibles. Sólo él tenía acceso al dinero en esta cuenta.
Según el libro de actas de acuerdos tomados en el seno del Comité Ejecutivo Seccional, ahí mismo se acordó que cada una de las cuatro instituciones de seguridad social aportaría mensualmente 600 mil pesos a fondo perdido; además, se sabe que el CEN del SNTE había aportado ya cinco millones de pesos con los que despegó la obra en diciembre de 2006.
Según una nota informativa firmada por el reportero José Reyes aparecida el 11 de febrero de 2007 en el rotativo Vanguardia de la capital del estado, se anunciaba que apenas se estaba gestionando el crédito bancario.
Para la obtención del crédito, el Fovi hipotecó el Centro Recreativo del Magisterio Carlos Jongitud Barrios que tiene un valor en libros de 120 millones de pesos, exactamente la cantidad que tendrá que pagarse por concepto de capital más intereses en los próximos diez años.
Se sabe también que mensualmente Parra Mireles exigía puntualidad a los titulares de las instituciones de seguridad social de la Sección 38 con el argumento de que la construcción del edificio sindical no podía detenerse.
La compra de materiales y el pago de salarios de los albañiles contratados por Trecasa S.A. de C.V., constructora manejada por el hijo de Marco Fernández, corrían a cargo de Francisco Benito Parra Mireles. Durante 14 meses se exprimió diariamente al Fovi, Pensiones, Seguro del Maestro y Servicio Médico con 86 mil 666 pesos con 66 centavos. Al concluir el edificio, las instituciones de seguridad social habían erogado 36 millones 400 mil pesos, 3.5 millones de dólares.
Se rumorea también que gran parte de los materiales usados en la obra fueron vendidos o coyoteados por Parra Mireles a través de Materiales Ferreparra, empresa propiedad del extesorero sindical, pero que funciona a través de prestanombres, según se infiere del tren de vida que llevan los supuestos socios de este negocio.
Fovi-Sección 38, el pagano.
El Fondo de la Vivienda de la Sección 38 del SNTE, es una institución que nació el 29 de abril de 1986 mediante el decreto 63 del Congreso del estado, durante los meses en que el gobierno de José de las Fuentes acusaba los últimos estertores agónicos.
Teóricamente, su funcionamiento debería ajustarse a la normatividad financiera que rige al Infonavit para dotar de vivienda de interés social a los trabajadores de la educación, con el producto de las aportaciones que el Gobierno del Estado ha hecho a la institución durante más de dos décadas y no servir sólo de aval, entre los bancos y los adquirientes de vivienda.
Debido a lo anterior, el valor en libros del Fovi debe de oscilar entre los 3,500 y los 4,000 millones de pesos si se toma en cuenta que actualmente el Gobierno del Estado aporta a la institución alrededor de 11 millones 250 mil pesos mensuales, aproximadamente 135 millones anuales.
Como en general, el gremio profesoral padece un altísimo grado de analfabetismo funcional porque no lee ni en defensa propia, no sabe que el Gobierno del Estado aporta el cinco porciento del total de una nómina de cerca de 15 mil trabajadores de la educación cuyos ingresos en promedio se acercan a los 7 mil 500 pesos mensuales. Esto hace del Fovi la institución más sana, la más próspera, y la que ha permitido el desvío millonario de recursos durante su existencia. Prueba de lo anterior, es que cuenta entre sus activos por lo menos al Centro Recreativo Carlos Jongitud Barrios y a la Clínica-Hospital de Torreón entre los bienes más costosos que ha adquirido y financiado.
Además, el Gobierno del Estado empató la legislación estatal con la federal con 15 años de retraso, pues la ley del Infonavit fue promulgada en 1972 y el Fovi se creó en 1986. A los trabajadores de la educación que cursaron el segundo tramo de su vida laboral en este período se les regateó su derecho a la vivienda por el vacío legislativo producto de la hegemonía priista. A los empleados del ministerio educativo de Coahuila que ingresaron en el servicio de 1986 a la fecha con una antigüedad de dos décadas, se les sigue regateando la justicia en la asignación de créditos. Nunca ha habido transparencia en el manejo de los recursos de esta institución, pero esto no es culpa de los profesores, sino de los funcionarios que han ocupado en distintos períodos la dirigencia del instituto, obligado por ley a dotar de casas-habitación al profesorado estatal y de los funcionarios que han ocupado la comisaría del gobierno estatal y cuyas obligaciones, de acuerdo con la ley, son las de vigilar la aplicación justa del dinero de los profesores.
No hay subcuenta de vivienda y esto significa que el trabajador no sabe a cuánto ascienden las aportaciones que el gobierno estatal ha hecho, ni los intereses generados por el cinco porciento del sueldo del trabajador de 1986 a la fecha. Esto permite malos manejos en la asignación de créditos hipotecarios, pues la ley del Infonavit, supletoria en todo caso, establece que esta cantidad de dinero se descuenta del costo de la vivienda, y bimestralmente se abona el equivalente al cinco porciento al pago de la construcción adquirida por los trabajadores. Esta es la mecánica que debería seguir el Fovi, y sin embargo no lo hace. Nadie reclama. El gremio prefiere vivir en un soporífero estado de ignorancia supina.
A grandes rasgos este es el Fondo de la Vivienda de la Sección 38, la institución que de acuerdo con la información que se ha filtrado. será la encargada de pagar el crédito contratado para el levantamiento del edificio sindical con lo que se compromete cualquier programa de vivienda para beneficio de los trabajadores de la educación, por los altos intereses que fija la banca internacional que funciona en nuestro país.
De acuerdo con información que existe en la red, actualmente la tasa de interés para créditos hipotecarios se encuentra en promedio en 14 porciento anual sobre saldos insolutos; es decir, por el crédito de 70 millones de pesos, este año el Fovi deberá pagar por concepto de intereses 9 millones 800 mil pesos más siete millones del capital con lo que la erogación ascenderá a 16 millones 800 mil pesos, 12.44 porciento de los ingresos que se calcula tendrá durante 2008. La deuda se saldará hasta el año 2017 con el pago total de 53 millones 900 mil pesos por concepto de intereses, con un gran total de 123 millones 900 mil pesos, que en diez años será el costo final del elefante blanco que se levanta al pie de la Sierra Zapalinamé, a 20 kilómetros del centro histórico de la capital, dinero más que suficiente para emprender un ambicioso programa de vivienda a favor de los trabajadores agremiados en la Sección 38.
Si a lo anterior se suman los recursos que durante 14 meses aportaron las instituciones de seguridad social (Fovi, Seguro del Maestro, Pensiones y Servicio Médico) que ascienden a 33 millones 600 mil pesos a razón de 2 millones 400 mil pesos mensuales, el costo del edificio sindical se elevará a 157 millones 500 mil pesos.
De lo anterior se infiere que Francisco Benito Parra Mireles manejó durante 14 meses 103 millones 600 mil pesos, pero su voracidad combinada con el espíritu de rapiña que lo caracteriza endeudó al Fondo de la Vivienda con 53 millones 900 pesos más.
Para que el lector tenga una idea de lo que se habla, basta establecer que el distribuidor vial ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza de la capital coahuilense tuvo un costo menor, aunque se tome en cuenta el incremento inflacionario de los últimos siete años.
Además, de acuerdo con el documento de valuación que Carlos Moreira mostró a los representantes delegacionales el domingo 27 de abril en el edificio sindical y en el que consta que la construcción no tiene un valor superior a los 25 millones de pesos, las cosas se complican para Francisco Benito Parra Mireles, pues no podrá justificar el endeudamiento ni podrá sustraerse a la responsabilidad penal que deriva del hecho de haber desviado fondos públicos en un delito tipificado por el código penal como peculado, pues desvió dinero de los pensionados, canceló la compra de medicamentos de calidad y frenó el desarrollo de vivienda, los tres, asuntos vitales en la existencia de los trabajadores de la educación.
Entonces, ¿dónde está la cantidad de dinero que resulta al restar a 103 millones de pesos que dice Parra Mireles gastó en la construcción del edificio sindical y los 25 millones que dice el valuador que en realidad costó la construcción?
El patrimonio de Parra Mireles.
Dice el viejo dicho popular que en Saltillo el que no es poeta hace cajeta y como consecuencia, tanto cajeteros como poetas se conocen, sin que esto signifique que este conocimiento sea en el sentido bíblico, sino más bien que tanto un gremio como el otro saben de las conductas y actitudes ante la vida, de cada uno de sus miembros.
Así sucede en el magisterio, pues aunque los dirigentes de la Sección 38, desde Dionisio Sánchez Villaseñor hasta Fancisco Parra han pensado que la masa profesoral es pendeja, no lo es tanto, pues se ha allegado sus propios mecanismos para saber quién ha sido quien en la dirigencia sindical durante las últimas dos décadas.
Por eso, a los profesores cuya edad laboral oscila entre los 20 y los 30 años les extraña la inexplicable riqueza del extesorero sindical que le ha permitido, al menos durante los últimos cinco años cambiar de mancebos, comprar ranchos cinegéticos, ampliar su escuela, fortalecer el negocio de ferretería y materiales para la construcción, remodelar su centro de convivencia, asistir a torneos de caza, aspirar a la dirigencia de la Sección 38 y mandar a sus hijos al elitista Tecnológico de Monterrey.
Aunque Francisco Benito Parra Mireles acepta la existencia de todas las propiedades que se le adjudican en la edición anterior de Territorio Libre se justifica diciendo que son patrimonio familiar y que sus hermanos Leoncio y Ramiro son los propietarios, habría que revisar minuciosamente de dónde obtuvieron el dinero para adquirirlas, porque la presunción que existe, es que son prestanombres del bandido sindical, porque al hurgar en el Registro Público de la Propiedad, no existe nada a su nombre.
Entre las propiedades de Parra Mireles se encuentran las siguientes:
Rancho cinegético en el norte del estado, en un punto cercano a Piedras Negras.
Rancho cinegético en el municipio de Cuatrociénegas con entrada por San Buenaventura.
Predio semirrural en el que mantiene especies exóticas en extinción, en el municipio de Ramos Arizpe.
Casa en la calle Carlos Espinosa Romero marcada con el número 1079 en la colonia de los Maestros.
Centro de Estudios para la Niñez y la Juventud (CENJU), escuela que funciona en la calle Salazar pocos metros al norte de Mixcoac, en la antigua cuadra colorada.
Ferreparra, un negocio de materiales para la construcción cuyo domicilio fiscal se encuentra sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez en el fraccionamiento Praderas de Saltillo, Coah., y que según la escritura pública 279, protocolizada por el notario público Gilberto Garza Martínez es propiedad de la cuñada y tres sobrinos de Parra Mireles y donde funge como administrador Ramiro, de los mismos apellidos. Lo curioso en este caso es que el tren de vida de los supuestos propietarios del negocio no coincide con la bonanza de la negociación.
Fuertes sumas de dinero en bancos nacionales y extranjeros.
La ruta del dinero.
La fortuna personal de Francisco B. Parra Mireles es directamente proporcional al dinero que manejó durante los cuatro años en que fungió como tesorero de la Sección 38.
Hasta donde se sabe, dispuso a su antojo de más de 30 millones de pesos producto de las cuotas sindicales; 25 millones que fueron recaudados por concepto de arrendamiento de los 15 salones de usos múltiples que se encuentran distribuidos sobre toda la geografía estatal; 33 millones 600 mil pesos que exprimió a las instituciones de seguridad social; 70 millones de pesos del crédito bancario para la construcción del edificio sindical y una cantidad incuantificable que le escamoteó durante cuatro años a los profesores estatales del fondo de ahorro, pues aunque en esta instancia sindical se cobra el cuatro porciento de interés mensual a los trabajadores, el producto de la usura sindical no se refleja en la percepción decembrina del profesorado coahuilense; más las partidas que le entrega el gobierno del estado al sindicato y que hasta la fecha desconoce el magisterio estatal. ¿Para qué quería más?
Las contradicciones en el costo del edificio sindical.
Wenceslao.com.mx es una página especializada en el tema educativo que administra Wenceslao Vargas Márquez desde Xalapa, Ver., y que actualmente va por el millón y medio de visitas; el sitio en la red funciona desde 1999, pero empezó el conteo el 16 de enero de 2000.
En este lugar, en 2007 aparece un largo correo electrónico del que rezuma el desencanto y la desesperanza, pero también el miedo a la represión de los dirigentes sindicales. Se transcribe íntegro:
GESTIONA PRESTAMO PARA EL MAGISTERIO DE LA SECCION 38 (sic)
$ 60 000 000 (Sesenta Millones de Pesos) (sic)
Por: ATEyB-38
El día 11 de Febrero 2007 (sic) se publicó esta noticia en el periódico Vanguardia de Saltillo, por el periodista José Reyes.
Nos extraña sobremanera que, quejándonos constantemente de los quebrantos financieros, en nuestras Instituciones de Seguridad Social, (sic) estén dispuestos los dirigentes de la Sección 38 a realizar una erogación de $ 60 000 000.00 sesenta millones de Pesos (sic), para la Construcción de un Nuevo Edificio Sindical, según se dice para dar comodidad a los maestros, pero se descapitalizará a las Instituciones de Seguridad Social y lo decimos por el comentario publicado: (Detalló [el compañero Alejandro Campos] que los pagos a la institución financiera se realizarán tomando parte de los recursos gubernamentales que el Estado aporta para instituciones como Fondo de la Vivienda, Servicio Médico, Pensiones y el Seguro del Maestro de la misma Sección Sindical), el Servicio Médico presenta un enorme desabasto de medicamento y con esto se agrabará (sic), el Prof., Alejandro Campos prometió en enero de 2006, que para Junio de ese mismo año se solucionaría el problema número uno del Servicio Médico y a la fecha (febrero 2007, no se ha resuelto [lo sabrá] o no se lo comunican los responsables del Servicio Médico.
Nos causa sorpresa que ahora se hable de Sesenta Millones de Pesos, cuando en reunión de Comités Ejecutivos en la ciudad de Torreón el año pasado (2006) nos dio a conocer que el costo de la obra sería de $ 30 000 000.00 Treinta Millones de Pesos y que se cubrirían en forma tripartita por el Comité Ejecutivo Nacional, el Gobierno del Estado y la propia Sección 38, consideramos que es una aberración que se siga descapitalizando a las Instituciones de Seguridad Social, para pagar un Préstamo Bancario, cuando hay prioridades mayores, como lo es la Salud de todos los Trabajadores de la Educación y es el primer problema que se debería resolver, para beneficio de todos y no de unos cuantos que harían uso del nuevo edificio sindical.
Sí (sic) el Comité Ejecutivo Nacional ya aportó $ 5 000 000.00 (cinco millones de pesos) y como lo menciona el Prof. Campos, los bienes inmuebles de que quiere disponer para su venta hascienden (sic) a $ 32 000 000.00 (treinta y dos millones), entonces se cuenta con 37 millones, no tomando en cuenta el apoyo estatal, nos preguntamos ¿para qué pedir $ 60 millones?. (sic)
Por otra parte ¿Porqué (sic) no se ha consultado a la base gremial para saber si esta (sic) de acuerdo con ese endeudamiento de nuestra Sección 38 y aparte tampoco se ha consultado si están de acuerdo en la venta de los bienes inmuebles, que son de todos y cada uno de los agremiados y no son propiedad del Comité Ejecutivo en turno.
Desconocemos si se realizó un avalúo comercial de los bienes inmuebles y también si hubo licitación, para la construcción del nuevo edificio, también se desconoce la ubicación del nuevo inmueble, el proyecto y como es que ya lleva tres meses de iniciada la obra, se menciona en el artículo publicado que dentro de la obra estará el Hotel del Magisterio y el Centro Recreativo, ¿Cómo es posible esto?, si son edificios ya construidos, ¿también se van a rematar los existentes?
Existen muchas preguntas al respecto, pero lo esencial, es que existen prioridades y repetimos la falta de medicamentos es el clamor general del magisterio, ( solicitamos a los periodistas lo investiguen en general, por lo menos en Torreón) pero los compañeros maestros temen denunciarlo por temor a las represalias de nuestro Secretario General Prof. Alejandro Campos García.
También está el problema latente de Pensiones, ya que los sorteos solo han dado para casi un mes de sueldo de todos los Jubilados y Pensionados del Estado, entonces de que manera se está recapitalizando.
¿Sabrá el Gobernador Prof., Humberto Moreira, que el año pasado se nos dijo de $ 30 000 000.00 (treinta millones y este año se habla del doble $ 60 000 000.00 (sesenta millones), ¿Porqué (sic) se duplicó el costo?, ¿Dónde está la Transparencia?
La misiva electrónica no ganaría un concurso de sintaxis, mucho menos de ortografía; sin embargo evidencia el alto grado de analfabetismo que existe en la filas del profesorado coahuilense. Además demuestra que quienes decidieron hacer un edificio que albergue a la burocracia sindical en la Sierra de Zapalinamé, no tenían ni idea de lo que querían hacer ni de su costo.
Por otro lado, sinecqdóquicamente, aflora la frustración, el desencanto y el temor a las represalias. Pero, lo más importante: no se tomó en cuenta a la base trabajadora al decidir; mucho menos a las delegaciones al momento de investir a Francisco Benito Parra Mireles con poderes extraordinarios para disponer de los recursos público y sindical.
No se hagan bolas…
Aunque los periódicos, las estaciones de radio y los canales de televisión han hecho esfuerzos por ventilar el meollo de este asunto, aún andan muy lejos de una verdad muy simple que se conoce en el magisterio: la verticalidad del poder, en el ámbito de la Sección 38 del SNTE.
Por décadas, la disciplina mal entendida y el sometimiento de los funcionarios sindicales al jefe en turno ha sido la constante. Desde antes de Dionisio Sánchez Villaseñor hasta la llegada de Carlos Moreira a la dirigencia, el secretario general se ha rodeado de una especie de estado mayor para ejecutar las acciones que ha considerado pertinentes, lo mismo la construcción que la compra de edificios.
En el caso de la administración anterior, Francisco Benito Parra Mireles era el funcionario más fuerte después de Alejandro Campos García. De esta manera hacía y deshacía, siempre en nombre del secretario general.
De esta manera exigía a los titulares de las instituciones de seguridad social –Fovi, Seguro del Maestro, Pensiones y Servicio Médico- que mensualmente le entregaran 600 mil pesos cada una, no obstante que sabía que se estaba quebrantando la ley en su parte medular, pues este dinero es público y no debe ser desviado de los fines que marca cada una de las leyes que rigen a cada una de las instituciones; sin embargo, lo hizo amparado en el poder que le confería ser el consigliori del secretario general.
En los últimos días han aparecido declaraciones muy vagas del Secretario de la Función Pública Ismael Ramos Flores en el sentido de que se está auditando a las instituciones. Se hace bolas porque quiere, si ya sabe la forma en que Parra Mireles obligó a los titulares de las instituciones de seguridad social a sustraer el dinero, por órdenes de la secretaría general.
Ramos Flores sabe que hubo un responsable que operó el proyecto de levantamiento del edificio sindical desviando los recursos públicos y tiene nombre: Francisco Benito Parra Mireles.
El problema al que se enfrenta Ismael Ramos Flores es encontrar la forma de llamar a cuentas a los extitulares de las instituciones de seguridad social para el deslindamiento de responsabilidades, pues no fueron ellos los que dispusieron del dinero profesoral, sólo respondieron a la coacción del voraz extesorero sindical.
Parra Mireles no se conformó con exprimir de manera criminal a la Dipetre y al Servicio Médico, instituciones vitales para los trabajadores, sino que fue más allá, al cancelar la esperanza de contar con una vivienda a las nuevas generaciones de profesores.
Epílogo
Pero al margen de lo que haga o deje de hacer la Secretaría de la Función Pública, que hasta el momento no ha dado una, Carlos Moreira Valdés está obligado moralmente a exigir a Parra Mireles que regrese la suma total –alrededor de 80 millones de pesos- con que infló el costo del ya famoso edificio sindical.
Hasta el momento se ha visto muy lento y el magisterio estatal reclama justicia de manera callada en el desvío del dinero de sus instituciones de seguridad social, de sus cuotas sindicales y de otras contribuciones que vía nómina hace para el funcionamiento de la Sección 38.
Saltillo, Coah., primavera de 2008.
Juan Cisneros Cortés.
