Los despojos morales de Rosendo Villarreal Dávila; hoy es más corrupto que los priistas. De rescatista de Saltillo a ladrón
El director corporativo de Administración de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila, fue mencionado el pasado 30 de julio por el extesorero de Pemex Juan Carlos Soriano como el funcionario que autorizó un pago de más de mil 724 millones de pesos al sindicato petrolero de manera ilegal.
Soriano, quien fuera abogado general de Pemex, fue inhabilitado por 10 años y multado con 862 millones de pesos, al igual que el exdirector de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, por su presunta responsabilidad en la entrega de ese dinero. Sin embargo, en su declaración ante la Secretaría de la Función Pública Soriano dice que en la autorización del 17 de agosto de 2005 cuenta con la firma de Villarreal y el aval del consejo de administración de Pemex.
Originario de Saltillo, el actual administrador de la paraestatal arribó a la política como el primer alcalde panista de esta ciudad en 1990. Antes trabajó en el Grupo Industrial Saltillo (GIS), propiedad de su cuñado, Javier López del Bosque, y en donde fue acusado de espiar a funcionarios, trabajadores y movimientos sociales.
Como alcalde de la capital coahuilense, en 1992 hipotecó el teatro García Carrillo y las viejas instalaciones de la fundidora Zincamex sin autorización del Congreso del estado. La Contaduría Mayor de Hacienda del Legislativo local emitió la resolución administrativa 005/96, que señalaba la ilegalidad de su conducta, pero se le dio carpetazo al asunto porque en 1996 Manuel López Villarreal, sobrino de Rosendo, ganó la alcaldía y pagó la deuda ilegal en 1999.
Después de la alcaldía, fue senador de 1994 a 2000; de 2000 a 2003, contralor interno de la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa (Secodam) durante la gestión de Francisco Barrio Terrazas, y desde entonces a la fecha es director corporativo de Administración de Pemex.
Cuando era legislador, Villarreal insistió en que se investigaran los procesos de desincorporación de paraestatales durante el salinismo, particularmente de una planta de Pemex en el complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ésta fue adquirida por la familia de Rogelio Montemayor Seguy, quien en 1993 le ganó a Villarreal la elección para gobernador.
Sin embargo, él mismo participó en el carpetazo que se le dio al caso de un contrato irregular en la paraestatal. Documentos de los que este semanario tiene copia evidencian que en 1999 se reportó a la Dirección de Auditoría la enajenación, como desecho de una planta, de Metil Ter-Butil Éter (MTBE), aditivo que oxigena la gasolina y reduce la emisión de monóxido de carbono, un producto estratégico para la producción de gasolina magna sin.
Un informe posterior reveló que el contrato fue adjudicado a Oximex, con el propósito de encubrir un fraude de la empresa Productos Ecológicos, S.A. de C.V. (Proesa), propiedad de Héctor René Garza Villarreal, sobrino del actual administrador de Pemex, así como de Alfredo Miguel Afif y Andrés Conesa Ruiz, cuñado del senador priista Francisco Labastida.
El contrato de la paraestatal con Proesa fue firmado el 13 de abril de 1993 y modificado en 1994 y 1998. Consistía en la compra de MTBE, incluyendo el desarrollo y financiamiento del proyecto, la ingeniería básica, la construcción y la operación de una planta para producir el aditivo. También se acordó que esa inversión se amortizaría a 15 años, pese a que la Ley de Adquisiciones permitía un plazo máximo de tres años.
Desde el principio Proesa incumplió con el acuerdo, pero jamás se le sancionó ni se le rescindió el contrato. Según la minuta de la décimo séptima reunión del Comité de Dirección de Pemex Petroquímica, el 5 de agosto de 1998 se decidió enajenar la planta, ubicada en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz.
A través de la licitación pública URA-MP-032/99, la planta se adjudicó a la empresa Oxigenantes de México, S.A. de C.V. (Oximex), cuyos dueños resultaron ser los mismos que los de Proesa.
Así, a pesar de que seguía usufructuando la planta bajo otra razón social, Proesa demandó a Pemex por 417 millones de dólares ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, por incumplimiento del contrato celebrado en 1993 (expediente de juicio arbitral 10854/KGA).
Petróleos Mexicanos, dirigida entonces por Rogelio Montemayor, contrató al despacho Juan Antonio Cedillo y Cía., para el análisis del caso, y éste recomendó una conciliación favorable a la pretensión de Proesa, por lo que a ésta se le pagaron 146 millones de dólares.
El problema es que Juan Antonio Cedillo fue secretario de la Contraloría de Coahuila durante la gubernatura de Montemayor y en el momento de realizar el análisis se desempeñaba como asesor de Pemex, por lo que violó el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al prestar un servicio personal a la dependencia que lo tenía contratado.
En 2002, Rosendo Villarreal, ya como contralor interno de la Secodam, y Rogelio Sada Zambrano, entonces coordinador de contralores, solicitaron indagar los pormenores del caso Proesa.
El 25 de marzo de ese año, Javier Barrera Quirarte, titular del Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex Petroquímica, informó a sus superiores mediante una nota especial que la reclamación arbitral de Proesa había sido infundada y que la conciliación se dictaminó con el consentimiento de funcionarios de Pemex y la participación de Cedillo Ríos.
Así mismo, les comunicó que las divisiones de la paraestatal (Refinación, Petroquímica y Gas) habían solapado el contrato ilegal con dicha empresa, el cual debió cancelarse desde 1995, pero que no fue así. Según el OIC, “el reclamo analizado por Antonio Cedillo incluyó un análisis manipulado”, pues desestimó las irregularidades que se detectaron en la operación de Proesa como proveedor.
Incluso se estableció un diagrama de “Intervención de funcionarios de Pemex y Proesa”, partiendo de quienes fungieron como representantes de ambas desde 1992: se halló frecuentemente a funcionarios que, al dejar su cargo, ingresaban a la empresa.
Por ejemplo, Héctor René Garza Villarreal fungía en 1992 como director general en Pemex Corporativo; Fernando Manzanilla, de Pemex Refinación, y Jorge Mario Magallán era responsable de la revisión legal del contrato. Por Proesa, el representante legal fue Antonio Sacristán Roy.
Un año después, Garza Villarreal dirigía Proesa. En 1995 Roy Sacristán seguía siendo el representante legal de esa compañía pero también era comisionado para la reestructuración del contrato en Pemex Petroquímica.
No fue suficiente para sancionar a Proesa. La empresa de Andrés Conesa Ruiz y Alfredo Miguel Afif pudo sortear durante 10 años y en tres sexenios distintos las auditorías y supervisiones oficiales.
Ordeña de instituciones
Desde 1990 hasta 1997, prácticamente todas las propiedades de Rosendo Villarreal estuvieron hipotecadas o embargadas, según se puede comprobar en el Registro Público de la Propiedad (asientos registrales 9211 Libro 30-B I y 3266 Libro 11-A-I; 9338 Libro 32-A-I; 8879 Libro 30-A-II; 2258 Libro 7G-I; 17552 Libro176 Sección II S.C.; 2135 Libro 7ª-II; 33373 Libro 34 Sección II S.C.; 7898 Libro 79 Secc. II; 5784 Libro 58 S.C.; 11847 Libro 119 Secc. II S.C.).
Además, Villarreal Dávila litigaba con Probursa, Banamex y Bancomer, empresas con las que empeñó diversas propiedades, incluida su residencia particular. Pero conforme acumuló puestos al amparo de Acción Nacional, esos créditos fueron saldados con intereses moratorios que triplicaron el adeudo original, según pudo constatar este reportero en diferentes libros del Registro Público de la Propiedad.
Actualmente, el administrador de Pemex es accionista de Transportes Villarreal Berlanga S.A. de C.V., donde figuran como accionistas sus hijos Rosendo y Ernesto, que según el sitio dgaf.sct.gob.mx/fileadmin/PERMISOS_Txt/saltillo.TXT, cuenta con 60 concesiones federales para transporte de carga que se le otorgaron durante el desempeño de Rosendo Villarreal como contralor interno de la Secodam.
Recientemente el ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, confirmó que los hermanos Villarreal Berlanga tramitaron un permiso para la instalación de una gasolinería sobre la carretera federal 57, justamente ahora que Rosendo es director corporativo de Administración de Pemex.
Como pudo observar este reportero en la obra negra, el proyecto incluye un amplio centro comercial. En la parte trasera de la construcción, un enorme patio alberga decenas de tractocamiones.
A esos señalamientos se suma la denuncia del diputado Jesús González Schmal en octubre de 2006 contra el general Víctor Manuel de la Peña Cortés, gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, y contra Rosendo Villarreal. El entonces legislador sostenía que se utilizaron recursos de Pemex para espiarlo, en el contexto de su participación en la primera comisión legislativa que indagó los negocios de la familia Bribiesca Sahagún.
Soriano, quien fuera abogado general de Pemex, fue inhabilitado por 10 años y multado con 862 millones de pesos, al igual que el exdirector de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos, por su presunta responsabilidad en la entrega de ese dinero. Sin embargo, en su declaración ante la Secretaría de la Función Pública Soriano dice que en la autorización del 17 de agosto de 2005 cuenta con la firma de Villarreal y el aval del consejo de administración de Pemex.
Originario de Saltillo, el actual administrador de la paraestatal arribó a la política como el primer alcalde panista de esta ciudad en 1990. Antes trabajó en el Grupo Industrial Saltillo (GIS), propiedad de su cuñado, Javier López del Bosque, y en donde fue acusado de espiar a funcionarios, trabajadores y movimientos sociales.
Como alcalde de la capital coahuilense, en 1992 hipotecó el teatro García Carrillo y las viejas instalaciones de la fundidora Zincamex sin autorización del Congreso del estado. La Contaduría Mayor de Hacienda del Legislativo local emitió la resolución administrativa 005/96, que señalaba la ilegalidad de su conducta, pero se le dio carpetazo al asunto porque en 1996 Manuel López Villarreal, sobrino de Rosendo, ganó la alcaldía y pagó la deuda ilegal en 1999.
Después de la alcaldía, fue senador de 1994 a 2000; de 2000 a 2003, contralor interno de la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa (Secodam) durante la gestión de Francisco Barrio Terrazas, y desde entonces a la fecha es director corporativo de Administración de Pemex.
Cuando era legislador, Villarreal insistió en que se investigaran los procesos de desincorporación de paraestatales durante el salinismo, particularmente de una planta de Pemex en el complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ésta fue adquirida por la familia de Rogelio Montemayor Seguy, quien en 1993 le ganó a Villarreal la elección para gobernador.
Sin embargo, él mismo participó en el carpetazo que se le dio al caso de un contrato irregular en la paraestatal. Documentos de los que este semanario tiene copia evidencian que en 1999 se reportó a la Dirección de Auditoría la enajenación, como desecho de una planta, de Metil Ter-Butil Éter (MTBE), aditivo que oxigena la gasolina y reduce la emisión de monóxido de carbono, un producto estratégico para la producción de gasolina magna sin.
Un informe posterior reveló que el contrato fue adjudicado a Oximex, con el propósito de encubrir un fraude de la empresa Productos Ecológicos, S.A. de C.V. (Proesa), propiedad de Héctor René Garza Villarreal, sobrino del actual administrador de Pemex, así como de Alfredo Miguel Afif y Andrés Conesa Ruiz, cuñado del senador priista Francisco Labastida.
El contrato de la paraestatal con Proesa fue firmado el 13 de abril de 1993 y modificado en 1994 y 1998. Consistía en la compra de MTBE, incluyendo el desarrollo y financiamiento del proyecto, la ingeniería básica, la construcción y la operación de una planta para producir el aditivo. También se acordó que esa inversión se amortizaría a 15 años, pese a que la Ley de Adquisiciones permitía un plazo máximo de tres años.
Desde el principio Proesa incumplió con el acuerdo, pero jamás se le sancionó ni se le rescindió el contrato. Según la minuta de la décimo séptima reunión del Comité de Dirección de Pemex Petroquímica, el 5 de agosto de 1998 se decidió enajenar la planta, ubicada en el complejo petroquímico Pajaritos, en Veracruz.
A través de la licitación pública URA-MP-032/99, la planta se adjudicó a la empresa Oxigenantes de México, S.A. de C.V. (Oximex), cuyos dueños resultaron ser los mismos que los de Proesa.
Así, a pesar de que seguía usufructuando la planta bajo otra razón social, Proesa demandó a Pemex por 417 millones de dólares ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, por incumplimiento del contrato celebrado en 1993 (expediente de juicio arbitral 10854/KGA).
Petróleos Mexicanos, dirigida entonces por Rogelio Montemayor, contrató al despacho Juan Antonio Cedillo y Cía., para el análisis del caso, y éste recomendó una conciliación favorable a la pretensión de Proesa, por lo que a ésta se le pagaron 146 millones de dólares.
El problema es que Juan Antonio Cedillo fue secretario de la Contraloría de Coahuila durante la gubernatura de Montemayor y en el momento de realizar el análisis se desempeñaba como asesor de Pemex, por lo que violó el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al prestar un servicio personal a la dependencia que lo tenía contratado.
En 2002, Rosendo Villarreal, ya como contralor interno de la Secodam, y Rogelio Sada Zambrano, entonces coordinador de contralores, solicitaron indagar los pormenores del caso Proesa.
El 25 de marzo de ese año, Javier Barrera Quirarte, titular del Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex Petroquímica, informó a sus superiores mediante una nota especial que la reclamación arbitral de Proesa había sido infundada y que la conciliación se dictaminó con el consentimiento de funcionarios de Pemex y la participación de Cedillo Ríos.
Así mismo, les comunicó que las divisiones de la paraestatal (Refinación, Petroquímica y Gas) habían solapado el contrato ilegal con dicha empresa, el cual debió cancelarse desde 1995, pero que no fue así. Según el OIC, “el reclamo analizado por Antonio Cedillo incluyó un análisis manipulado”, pues desestimó las irregularidades que se detectaron en la operación de Proesa como proveedor.
Incluso se estableció un diagrama de “Intervención de funcionarios de Pemex y Proesa”, partiendo de quienes fungieron como representantes de ambas desde 1992: se halló frecuentemente a funcionarios que, al dejar su cargo, ingresaban a la empresa.
Por ejemplo, Héctor René Garza Villarreal fungía en 1992 como director general en Pemex Corporativo; Fernando Manzanilla, de Pemex Refinación, y Jorge Mario Magallán era responsable de la revisión legal del contrato. Por Proesa, el representante legal fue Antonio Sacristán Roy.
Un año después, Garza Villarreal dirigía Proesa. En 1995 Roy Sacristán seguía siendo el representante legal de esa compañía pero también era comisionado para la reestructuración del contrato en Pemex Petroquímica.
No fue suficiente para sancionar a Proesa. La empresa de Andrés Conesa Ruiz y Alfredo Miguel Afif pudo sortear durante 10 años y en tres sexenios distintos las auditorías y supervisiones oficiales.
Ordeña de instituciones
Desde 1990 hasta 1997, prácticamente todas las propiedades de Rosendo Villarreal estuvieron hipotecadas o embargadas, según se puede comprobar en el Registro Público de la Propiedad (asientos registrales 9211 Libro 30-B I y 3266 Libro 11-A-I; 9338 Libro 32-A-I; 8879 Libro 30-A-II; 2258 Libro 7G-I; 17552 Libro176 Sección II S.C.; 2135 Libro 7ª-II; 33373 Libro 34 Sección II S.C.; 7898 Libro 79 Secc. II; 5784 Libro 58 S.C.; 11847 Libro 119 Secc. II S.C.).
Además, Villarreal Dávila litigaba con Probursa, Banamex y Bancomer, empresas con las que empeñó diversas propiedades, incluida su residencia particular. Pero conforme acumuló puestos al amparo de Acción Nacional, esos créditos fueron saldados con intereses moratorios que triplicaron el adeudo original, según pudo constatar este reportero en diferentes libros del Registro Público de la Propiedad.
Actualmente, el administrador de Pemex es accionista de Transportes Villarreal Berlanga S.A. de C.V., donde figuran como accionistas sus hijos Rosendo y Ernesto, que según el sitio dgaf.sct.gob.mx/fileadmin/PERMISOS_Txt/saltillo.TXT, cuenta con 60 concesiones federales para transporte de carga que se le otorgaron durante el desempeño de Rosendo Villarreal como contralor interno de la Secodam.
Recientemente el ayuntamiento de Arteaga, Coahuila, confirmó que los hermanos Villarreal Berlanga tramitaron un permiso para la instalación de una gasolinería sobre la carretera federal 57, justamente ahora que Rosendo es director corporativo de Administración de Pemex.
Como pudo observar este reportero en la obra negra, el proyecto incluye un amplio centro comercial. En la parte trasera de la construcción, un enorme patio alberga decenas de tractocamiones.
A esos señalamientos se suma la denuncia del diputado Jesús González Schmal en octubre de 2006 contra el general Víctor Manuel de la Peña Cortés, gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, y contra Rosendo Villarreal. El entonces legislador sostenía que se utilizaron recursos de Pemex para espiarlo, en el contexto de su participación en la primera comisión legislativa que indagó los negocios de la familia Bribiesca Sahagún.
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