La Forestal: utopìa del cardenismo, sinónimo de corrupción

Para los jóvenes nacidos después de Parchis en las ciudades de México que se ubican sobre las áridas tierras del norte, La Forestal, F.C.L. no tiene ningún significado. En pocas palabras, no es un signo lingüístico porque los fonemas carecen de contenido.
Todavía para mediados de la década de los 80, La Forestal, F.C.L. funcionaba formalmente con un gerente nombrado de manera directa desde la Presidencia de la República y un cuerpo colegiado que tenía entre sus objetivos la atención de los pobladores más pobres de México a través de la compra de las fibras de lechuguilla, palma samandoca y maguey.
De esta manera la empresa ixtlera del estado, que contaba con fondos federales para su funcionamiento, de la mano con Fibras Santa Catarina, S.A. del estado de Nuevo León, y de Fibras Saltillo, S.A. de la capital de Coahuila, ejercían prácticas monopólicas que plusvaloraban un producto arrancado con dolor a la tierra por los talladores del altiplano central que comprende los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas. La plusvalía del producto, cuyos derivados se vendían tanto en el país como en el extranjero nunca llegaba a las mesas de los campesinos del desierto mexicano, que hasta la fecha siguen siendo víctimas del coyotaje practicado por las empresas mencionadas.
La presencia de los talladores del desierto mexicano en los mítines políticos del PRI desde la época de Lázaro Cárdenas hasta Ernesto Zedillo era pintoresca. Ataviados con sombreros pringosos de lona y fibras vegetales, huaraches de tres agujeros y morrales en cuyos costados, en hemicírculo, aparecían las letras La Forestal, F.C.L., los herederos directos de la Revolución Mexicana eran la imagen viva de la pobreza, que con sus labios resecos y su mirada noble esperaban ansiosos el momento de degustar un lonche de jamón con aguacate que empujaban gozosos con una cocacola. En esos días, el corporativismo en pleno se hacía carne con la presencia de obreros, campesinos y pequeños comerciantes pobres en un escenario enorme en que el cinismo de los políticos soltaba la brida y hablaba de justicia social.
En los estertores agónicos de la década de los 80 y en la alborada de los 90, la empresa social que integraban más de 33 mil talladores de ixtle y palma samandoca y denominada La Forestal, F.C.L., ya empezaba a hacer agua por la presencia en el mercado nacional de las fibras sintéticas que poco a poco desplazaban a los costales de ixtle en los que se envasaban los granos. Con cinco siglos de uso, hasta los estropajos para el aseo corporal y los cepillos largos con que las mujeres lavaban los trastos se encontraban en extinción mientras los derivados del petróleo hacían su entrada triunfal en las cocinas mexicanas. Era una cuestión de falso estatus que convertía en “nacas” a las mujeres que seguían usando los productos del ixtle en el aseo de sus cacerolas.
En 1940 se integra en Saltillo el cuerpo de mando de la Forestal F.C.L. y según los datos con los que se cuentan, acudió Efraín Buenrostro, en ese entonces Secretario de la Economía Nacional a dar posesión, tanto al gerente como a los integrantes del Consejo de Administración cuyos nombres se han perdido en la negra noche de los tiempos.
Estos eran los meses en que agonizaba el período de Lázaro Cárdenas del Río. Se trataba de organizar en cooperativas, un modelo de producción en medio del socialismo y del capitalismo a los talladores de ixtle que habitaban en las regiones más desérticas del país.
Dos años antes, en 1938, apenas se había iniciado el reparto agrario mediante el que se cumplía tardíamente con uno de los anhelos de la lucha zapatista. De esta manera se dotaba de parcelas de temporal a los campesinos pobres que de ahí en adelante se organizarían en las comunidades llamadas ejidos, un término usado también en España pero con una connotación diferente a la de nuestro país, aunque con la misma raíz latina: exitum.
Alrededor del ejido empezarían a crecer las alimañas alimentadas desde la Confederación Nacional Campesina que chuparían desde entonces el sudor y la sangre de los campesinos más pobres del país, por lo que aún no queda claro si Lázaro Cárdenas del Río albergaba buenas intenciones al dotar de tierra a los ejidatarios, o si a más de siete décadas puede decirse que era un hombre perverso políticamente, pues para pagar el préstamo de la árida tierra comunal los ixtleros tenían que acudir, acarreados en camiones de redilas a los mítines políticos, y sus servicios no cesarían hasta que Carlos Salinas decidió privatizar los ejidos del país a través del programa PROCEDE en 1992.
Para entonces la Forestal, F.C.L. estaba en bancarrota. Los grupos de campesinos ixtleros deambulaban en la orfandad. Les habían prestado las parcelas en 1938 y otorgado la propiedad medio siglo después, en el 92, pero como el valor de la tierra de temporal es bajísimo, más de 33 mil familias de talladores se encontraban nuevamente dispersas, a merced del coyotaje sin freno ni control, sobreviviendo a la buena de Dios y condenados desde entonces a engrosar los cinturones de miseria de las grandes y medianas urbes.
Con la aparición de grupos defensores del medio ambiente y proclives al consumo de alimentos orgánicos en cuya producción no se aplican pesticidas a los vegetales ni sustancias que aceleran el crecimiento en los animales, la fibra de lechuguilla adquiere en estos momentos una importancia vital, sobre todo en los países europeos y en algunos sectores de la sociedad norteamericana, pero ya no hay talladores. La corrupción los fue aniquilando poco a poco. Por estos días la producción de ixtle ha mermado considerablemente con relación a la década de los 80, anterior a la llegada de los costales de fibra sintética.
En medio de la corrupción que caracterizaba el funcionamiento de la Forestal, F.C.L., sus gerentes y el Consejo de Administración fueron adquiriendo diversos bienes para su funcionamiento; de esta manera, en los estados emblemáticos de la producción ixtlera existen edificios, terrenos y fábricas de costales que han sido presa de la falta de escrúpulos, donde funcionarios estatales y fedatarios públicos se han prestado para ventas irregulares, al grado de que Soriana se hizo de uno de los edificios de los cooperativistas en Monterrey. En San Luis Potosí ha sucedido lo mismo y Saltillo no podía ser la excepción.

La codicia: terreno ideal para
la funeraria más grande del pueblo.

En estos momentos ya no se sabe si el edificio en el que funcionaba la Forestal, F.C.L. ubicado en la confluencia de las calles Emilio Carranza y Ramón Corona de esta ciudad fue financiado con fondos de la Presidencia de la República o fue adquirido a través de donaciones. La realidad es que el terreno de 13 mil metros cuadrados en el que se levantan construcciones con una vida de más de medio siglo despertaría la codicia del exgobernador de Coahuila Enrique Martínez y Martínez, quien a través de conocidos testaferros intentaría pagar la cuarta parte de los más de 26 millones de pesos en que fue valuada la propiedad por la Procuraduría de Justicia del Estado.
Para lo anterior, el exgobernador cuenta con la quinta columna que encabeza Armando Luna Canales, actualmente Secretario de Gobierno y quien engaña tanto a Rubén como a Humberto Moreira, pues en este asunto Rubén ha llegó a decir a los representantes de los ixtleros, que ya nada se podía hacer en cuanto al remate del edificio de La Forestal, F.C.L. pues ahí se establecería la funeraria más grande de Saltillo en clara alusión al giro empresarial del exgobernador Enrique Martínez y Martínez y que estaba enterado, sólo a medias, del proceso de remate viciado de origen, pues el asunto venía cocinándose desde los primeros meses de la administración martinista a través de los corruptos presidentes que desde entonces ha tenido la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, mejor conocida como del pillaje.
La historia de este caso de corrupción empieza con la agonía de la década de los 90, cuando en 1998 La Forestal, F.C.L. ve mermadas sus operaciones por la incursión en el mercado de las fibras sintéticas que al menos durante una década han desplazado a los productos de ixtle. De esta manera comienza un proceso de liquidación de la mayoría de sus trabajadores. Sólo quedarían once pendientes. Uno de éstos se manejaba en el expediente 59/98 y diez más que en el pleito laboral 38/99 también habían arrimado su sardinita a la lumbre.
El 20 de febrero de 2001, en el juicio 59/98 la Junta Local de Conciliación y Pillaje ordenaba el embargo del edificio de La Forestal, F.C.L. ubicado en Emilio Carranza y Corona de esta ciudad, pero como en este país la justicia es lenta, en 2005 la empresa obtiene un amparo que le otorga el Cuarto Tribunal del Octavo Circuito, donde se establecía por unanimidad de votos de los magistrados que todo lo actuado en el este asunto es nulo, incluido el laudo posterior al embargo y se ordena a la JLCA que se reponga todo el juicio, por lo que se vuelve a iniciar desde la demanda. Hasta aquí, nada para nadie; demandada y demandantes comenzarían el pleito, que nuevamente ganaría Filiberto Cepeda Siller, extrabajador que a través de su abogado José Moreno Reyna exigía el pago de prestaciones por un monto de 251 mil 676 pesos y para el 12 de agosto de 2005 el laudo se había repuesto.
Un mes después Oralia Rodríguez Rosas, en ese entonces presidenta de la JLCA incurre en la aberración jurídica que actualmente permite a los abogados de La Forestal F.C.L. que encabeza el licenciado Carlos Durán Fernández impedir el remate del edificio de Corona y Emilio Carranza, ya que cuando el litigante José Moreno Reyna exige el pago de prestaciones para su defendido Filiberto Cepeda Siller, la presidenta de la JLCA dicta un acuerdo ilegal que a la letra dice: “dígasele al promoverte que se esté en lo diligenciado en 20 de febrero de 2001 por el actuario de esta Junta”, pero todo lo actuado en esa fecha había sido echado abajo por los magistrados federales, por lo que no se cumplía con el requisito del embargo antes de llevar a remate el edificio de Corona y Emilio Carranza, y como nadie dijo nada, ese auto quedó firme, aunque en esencia era ilegal.
Así las cosas, en el otoño de 2005 el inmueble emblemático de los ixtleros se iba a remate sin el embargo previo en primera almoneda sin que hubiera ofrecimiento, pues el valor del edificio rondaba los 25 millones de pesos según avalúo previo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En las segunda, tercera y cuarta subastas públicas, aparentemente no hubo interesados, aunque se sabe que los Cristianos cuya sede funciona a un costado del inmueble de los ixtleros hiceron un ofrecimiento generoso, por alguna triquiñuela legal, la JLCA no les acepto el ofrecimiento.
Finalmente, el siete de enero de 2008, curiosamente el primer día hábil del año acuden al remate José María Fraustro Siller, Ricardo Sergio Álvarez García, Jesús de las Fuentes Cabello y Luis Gerardo Álvarez García ofreciendo 6 millones 294 mil 951 pesos con 20 centavos, la cuarta parte del valor del inmueble, de los cuales depositan en la caja fuerte de la JLCA 629 mil 495 pesos con 12 centavos por concepto de garantía. Al día siguiente ocho de enero entregaban el resto cinco millones 665 mil 456 pesos y ocho centavos con lo que el remate se lleva a efecto.
El mismo ocho de enero de 2008 el abogado Carlos Durán Fernández interpone un recurso de revisión contra el auto que declaraba legal el remate con lo que se suspendía el proceso de adjudicación del inmueble y tanto José María Fraustro Siller, Ricardo y Luis Gerardo Álvarez García y Jesús de las Fuentes Cabello se quedaban con un palmo de narices y del plato a la boca se les enfriaba la sopa.